La desamortización

La desamortización del siglo XIX fue un proceso por el cual se pusieron a la venta los bienes que estaban en las llamadas “manos muertas”, es decir, la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. Fue un hecho capital en la historia de Mestanza, pues supuso la privatización de todo su territorio, que durante seis siglos había pertenecido a la Orden de Calatrava y, en última instancia, a la Corona.

Desde la expulsión de los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) todo el Valle de Alcudia pasó a depender de la Orden de Calatrava. Durante tres siglos la Orden mantuvo su independencia, hasta que en 1523 fue incorporada a la Corona de Castilla. En cualquier caso, la estructura de propiedad permaneció inalterada hasta la llegada de las primeras desamortizaciones a finales del siglo XVIII. La Mesa Maestral gestionaba directamente 147 millares del valle. El resto de su patrimonio lo delegó a sus encomiendas y a los Concejos de los pueblos (bienes propios del Concejo y bienes comunes de los vecinos) que le pagaban tributos como compensación.

Carlos III procedió a la primera desamortización (1769) con la venta de 48 de los 147 millares que tenía la Mesa Maestral en el Valle de Alcudia. Los 99 restantes pasaron a gestionarse por la Real Hacienda. En particular, por la Dirección de Temporalidades, que era una organización creada para administrar y vender las “temporalidades” (los bienes temporales, no espirituales) confiscados a la Compañía de Jesús. Por este motivo recibieron el nombre de “los 99 millares de las Temporalidades”. En este grupo se encontraban los 28 millares correspondientes a las cinco dehesas de la Mesa Maestral en Mestanza (Frey Domingo, Cuarto de la Cruz, Encina Montosa, El Zote y Las Tiñosas). En 1792, Carlos IV donó las temporalidades a Godoy, junto con el título de Duque de Alcudia, si bien, algunos de estos quintos fueron entregados en 1802 al infante Carlos de Borbón para el sostenimiento de su casa. En 1808, los millares de Godoy retornaron a la Corona y un año más tarde le fueron vendidos a José Bonaparte. En 1814, tras la Guerra de la Independencia, volvieron de nuevo a la Corona. Esto significa que, tras estos múltiples cambios de propiedad, todo seguía igual.

La desamortización de Mendizábal (1836) no afectó a los bienes de la Mesa Maestral, pero sí a sus encomiendas. Los 12 millares de la dehesa de Barrancos (Encomienda de Mestanza) fueron vendidos al financiero madrileño don Francisco de las Bárcenas en 1843. Los 4 millares de la dehesa de Encinilla Rasa (Encomienda de Almuradiel) fueron vendidos a doña María de la Salud Bravo-Murillo en 1841. Francisco de las Bárcenas era un importante hombre de negocios muy allegado a Mendizábal, el ministro que instigó la desamortización. María de la Salud Bravo Murillo era la hermana de Juan Bravo Murillo, que sería ministro de Justicia, Fomento y Hacienda en el reinado de Isabel II.

La desamortización de Madoz (1855) tuvo una importancia decisiva. El artículo 1 declaró en venta todas las propiedades de la Mesa Maestral y los terrenos que ésta había usufructuado a los Concejos municipales (tanto los bienes propios de los Concejos como los bienes comunes de los vecinos). En el territorio de Mestanza, los 28 millares pertenecientes a las cinco dehesas de la Mesa Maestral se vendieron a particulares entre 1871 y 1881. Como es natural, los vecinos de Mestanza no tenían suficientes recursos económicos para pujar en las subastas de los millares. Por tanto, al concluir el proceso de desamortización, la propiedad de todo el territorio había pasado de manos de la Corona a las manos particulares de ciertos oligarcas latifundistas.

Tanto para los oligarcas como para el Estado fue una operación sumamente beneficiosa. La descomunal inyección de dinero procedente de la subasta de los bienes de la Orden de Calatrava —previa expropiación— contribuyó a sanear las arcas de la hacienda pública española. Para los vecinos de Mestanza, por el contrario, la desamortización tuvo un impacto profundamente negativo. Los terrenos del Concejo habían contribuido durante siglos a la subsistencia de los mestanceños. Tras su expropiación y venta, el Ayuntamiento dejó de percibir las rentas derivadas del arrendamiento de pastos a ganaderos foráneos (bienes propios del Concejo) y los vecinos dejaron de tener tierras para cultivar sus alimentos, criar su propio ganado, cazar y recoger leña (bienes comunales de los vecinos). En definitiva, la desamortización de los terrenos concejiles supuso la destrucción de un modo de vida y una organización de autogestión centenarios y abocó a la población a unos mayores niveles de pobreza.

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